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Casi podríamos decir que en Canarias vivimos en los últimos tiempos más pendientes de lo que sucede en algunos despachos de la Comisión Europea, que de lo que sucede en nuestra propia "casa". La razón de que ello sea así tiene mucho que ver con la relevancia cada día mayor que tiene el hecho de formar parte de un "mercado único", de ser destinatarios de una "política agrícola común", de unas "reglas de la competencia comunes", de ser titulares unos derechos políticos democráticos avanzados, en fin, de ser ciudadanos europeos.
Sin duda, semejante aserto puede parecer una obviedad y, sin embargo, no está de más recordarlo en el presente, cuando la Comisión Europea cuestiona algunas de las medidas fiscales contenidas en la Ley de modificación de los aspectos económicos del Régimen y Económico y Fiscal de Canarias (Ley 19/1994). Al margen de los argumentos que emplean los partidos políticos en orden a quién es más o menos responsable de este cuestionamiento -en el límite del absurdo, algunos han llegado incluso a insinuar que algún comisario europeo actúa de tal o cual forma en función de su filiación política-, lo cierto es que desde Canarias tenemos que empezar a asumir, de una vez por todas, que estar integrados en Europa comporta derechos y obligaciones, y que ello nada tiene que ver con nuestra legítima aspiración a contar con un tratamiento singular o diferenciado a la hora de que se nos aplique la legislación comunitaria.
Parece que el "alma mater" de nuestro régimen económico-fiscal es en la actualidad un incentivo fiscal denominado "reserva para inversiones en Canarias". Aceptando ello como hipótesis, no nos resistimos a pensar qué ocurrirá a partir del momento en que la Comisión admita, como es previsible que suceda a partir del día 17 de diciembre, la compatibilidad de dicho incentivo fiscal con la legislación comunitaria. ¿Los miles de millones de pesetas que en la actualidad han dotado las empresas establecidas en Canarias a la RIC se van a materializar en todos los casos en aumentar la capacidad productiva de las mismas?. ¿Se traducirá ello en la creación de empleo?. ¿Aumentará el nivel competitivo de nuestras unidades productivas?. Mucho nos tememos que a partir del día 17 de diciembre, lo que ocurrirá es una carrera desenfrenada por tratar de introducir modificaciones de última hora en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998, a fin de que se amplíen los actuales supuestos previstos por la Ley 19/1994 para materializar la RIC.
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El cuestionamiento de determinadas medidas fiscales por parte de la Comisión Europea, puede ser presentado en términos políticos como ausencia de firmeza del Gobierno de la Nación ante los "grises burócratas" de Bruselas que no entienden nuestras singularidades, o bien, como manifestación del "tradicional abandono" del denominado "Gobierno de Madrid" respecto a Canarias. Sin embargo, es preciso y urgente que desde Canarias -desde la Universidad, por ejemplo- comencemos a reflexionar sobre nuestro propio nivel de responsabilidad a la hora de programar, proyectar y articular nuestro modelo de organización interno (institucional, social, económico, educativo...) y su conexión con Europa y el resto del mundo.
Desde esta última perspectiva, resulta cuanto menos objeto de sana envidia el esfuerzo y clarividencia de políticos como Jordi Pujol -del que no estaría por demás se copiaran nuestros políticos-, cuando recién elegido presidente de la Generalidad de Cataluña decidió en 1980 "dirigirse por carta al maestro de maestros de la ciencia económica Joan Sardá Dexeus, presidente del consejo de dirección del Institut d'Investigacions Econòmiques, y le pide que ese organismo elabore un estudio exhaustivo sobre los efectos que tendría para Catalunya la integración de España en la Comunidad Económica Europea (...) Del encargo institucional salió un tocho impreso de 600 página denominado Libre Blanc Catalunya-Europa (...) De aquella acción unitaria de 1982 (instituciones, universidad y organizaciones económicas) quedó la convicción de que debía hacerse un seguimiento continuo de la relación entre Catalunya y Bruselas. Así nació el Patronat Català Pro Europa (PCPE), en el que hay capital público (Generalitat y Ayuntamientos) privado (cajas de ahorro y cámaras), representación universitaria y órgano de seguimiento con partidos, sindicatos y patronales" (Josep-María Ureta: artículo de opinión publicado en el Periódico de Cataluña, 3-12-97).
¿Se decidirán algún día nuestros actuales gobernantes a adoptar una iniciativa similar?. ¿Contaremos con empresarios en Canarias capaces de comprender que sería útil para ellos mismos y para el propio futuro de Canarias que parte de sus beneficios fueran invertidos en formación y educación?. Tal vez, el único objetivo legítimo en que se debería ampliar la posibilidad de materializar los cuantiosos recursos dotados a la RIC fuera este último: la formación
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